Las razones por las que San Antero busca ‘sacudirse’ de Electricaribe

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Con la venta de carbón y comida, las hermanas Rodríguez Álvarez, habitantes en la calle ‘Severá’, aseguran que no les alcanzará para pagar los $201.930 del servicio de energía de octubre, ni los demás gastos de manutención necesarios para subsistir.El negocio de chicha, hielo y galletas que instalaron en la casa con un macondiano letrero de propaganda, en busca de otro ingreso, tampoco les ha permitido ahorrar para cancelar el servicio que, en los últimos seis meses, ha tenido el siguiente aumento progresivo:$160.690; $174.470; $176.430;$184.330; $186.710 y  $201.930.

Maritza, la mayor de las Rodríguez, quien se decidió a hablar de lo que para ellas “es una excesiva facturación”, advierte que solo tienen una nevera, cuatro ventiladores, el televisor y seis bombillas ahorradoras.

“En medio de nuestra pobreza, lo primero que pagamos es el servicio de energía, para evitar que lo suspendan. Pero todos los meses hay un aumento en el cobro; ya la venta de carbón, aquí en la casa, no da para eso”, afirma asomada en la ventana que da a la terraza, mientras justifica su reclamo con las facturas en la mano.

El caso de las Rodríguez hace parte de los cerca de 800 reclamos instaurados contra Electricaribe en la Oficina de Atención a Usuarios, que hace cuatro meses decidió acondicionar en la sede administrativa el alcalde de San Antero, Denis Chica Fuentes, como mecanismo de auxilio inmediato para la comunidad.

El abogado Edgardo Arrieta Díaz, jefe de esa dependencia ubicada en el primer piso de la sede gubernamental local, atiborrada de carpetas que contienen el “desahogo” de centenares de familias, advierte que, al menos, 50 querellas relacionadas “con la posición dominante de Electricaribe” son recibidas cada semana, y eso que solo las recepcionan los martes y jueves. El resto de días hábiles se dedican a tramitar los reclamos ante la comercializadora, que tiene un Centro de Atención frente a la Alcaldía.

“Las quejas más frecuentes que recibimos están relacionadas, en un 90%, con la alta facturación en el servicio de energía y con ello la falta de claridad en algunos conceptos. Por ejemplo, a la gente le cobran unos supuestos acuerdos de los cuales los usuarios no tienen conocimiento. Las tarifas no guardan relación con el gasto que realmente tienen las familias y es el colmo que se cobre por la verificación de una instalación o reconexión, hasta $30.000, que se suman a la factura”, sostiene Arrieta.

El “sobrecosto” al que este se refiere lo verifican con la intervención de un perito en energía, que fue contratado por la Alcaldía para revisar los aforos de carga en las casas de las cuales provienen las querellas.

“Cuando hacemos esas verificaciones descubrimos que una factura de $150.000 debería ser solo de $30.000, según la carga de electrodomésticos que utilizan, es decir: cobran excesivamente por el servicio”, precisa el abogado.

Una vez reciben las quejas en la oficina municipal, proceden a verificarlas para establecer la veracidad de las mismas y comienzan un proceso en defensa de los intereses de los clientes ante Electricaribe. Por ahora, un 70% han sido resueltas a favor de los usuarios, asegura Arrieta.

Sin respuesta inmediata

Esa oficina era necesaria en San Antero porque los reclamos debían hacerse en otros municipios cercanos, como Lorica, y porque los reportes de daños a través de la línea 115 nunca son atendidos, menciona el presidente de Asocomunal, Gustavo Rodríguez.

“Electricaribe no produce respuestas a los daños, mucho menos al inconformismo de los usuarios. No tenemos adonde acudir porque aquí en el Municipio no hay una sola cuadrilla disponible, las que reaccionan tarde vienen de Lorica o de otro municipio, es decir, no hay solución inmediata y los apagones tardan hasta 8 días”, señala el vocero comunal.

El líder de Asocomunal insiste en que por el mal servicio “es hora de que la compañía se vaya de San Antero”, gestión que adelanta ante la Superintendencia de Servicios Públicos el alcalde Chica, acompañado por la representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita, y del asesor jurídico territorial, Robert Angulo.

Las partes coinciden en que existen todas las posibilidades para ello, porque el Municipio es “dueño” de su propia infraestructura eléctrica. La administración municipal señala que ha invertido desde 1998 cerca de $15.000 millones de las regalía, tal como lo sustentaron en una audiencia en la Superintendencia de Servicios Públicos pasado lunes. Sin embargo, esos bienes los ha utilizado la empresa de energía que cobra por ellos a los usuarios, vía tarifa.

Inventario en un mes

 Angulo anuncia que procederán, a través de un contratista, a realizar el respectivo inventario de las redes de acuerdo con la norma de la Comisión Reguladora de Energía y gas (CREG). El plazo para entregar esa otra prueba a la Superservicios es de un mes y a partir de allí esperaría el concepto de dicha autoridad para conocer en definitiva si San Antero puede ‘sacudirse’ de Electricaribe y contratar otro operador.

“Esperamos cuanto antes iniciar este proceso, tenemos confianza absoluta y claridad de que la infraestructura eléctrica es de nuestro Municipio”, dice Angulo.

Uno de los documentos base que tiene el ente territorial para ello es un acta del 19 de julio de 2004, elaborado a partir de una reunión que sostuvo el exalcalde Martín Morales Dix con el entonces gerente de la extinta Electrocosta, Rafael Oñoro, en la que, entre otros temas legales, las partes reconocieron que los activos fueron construidos por el Municipio, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 142 y 143 de 1994.

En ese mismo año la empresa eléctrica le hizo un reconocimiento de $183 millones al Municipio por el ‘peaje’ o uso de esa infraestructura para atender a los más de 7.000 hogares. Pero, a partir de 2004 la empresa no ha reconocido la utilización de los activos del ente territorial, pese a que existen nuevas obras como, por ejemplo, en los sectores San Martín I y II, Bernardo Escobar y Miriam Pardo, que surgieron entre 2007 y 2008 con sus propias redes eléctricas.

Para ‘sacudirse’ de Electricaribe, San Antero se ampara, además, en un concepto técnico que por petición de la congresista Sara Piedrahita entregó la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de su director ejecutivo, Jorge Pinto Nolla.

La parlamentaria, entre otros interrogantes, planteó a la Super: ¿Puede el Municipio, como propietario de sus redes de distribución, realizar un proceso contractual para escoger un gestor u operador de red, empresa de servicios públicos, que opere el sistema y comercialice la energía a los usuarios residenciales?

Señala en su respuesta Pinto que en caso de que se cumplan los parámetros establecidos en el artículo 56 de la Ley 143 de 1994, “un Municipio podrá celebrar contratos de concesión para el desarrollo de la actividad de distribución de energía eléctrica y, según lo establecido en el artículo 6 de la resolución CREG 097 de 2008, cuando esto suceda en un Municipio que venía siendo atendido por un operador de red, podría considerarse una división de un sistema existente”.

Advierte la CREG que su respuesta no está basada en el caso particular de San Antero, sino que se hace de manera general y abstracta.

Decisión justificada  

En una de las esquinas de mayor afluencia de la población, Mabis Garcés, propietaria de una heladería, advierte que los ingresos del negocio no alcanzan para cancelar la factura de energía que aumenta, al menos, $10.000 cada mes y ya va por $640.000.

“Ese fue el monto de septiembre, no sé cómo voy a pagar la próxima factura, la situación económica está mala, tanto que he pensado cerrar en vez de seguir trabajando para complacer a Electricaribe”, indica la comerciante.

Para Albert Burgos, veedor ciudadano en San Antero, esas quejas resumidas justifican las razones para que el poblado contrate con otro operador de energía.

“Durante los últimos años hemos sufrido por los atropellos que esta empresa viene haciendo con la población, es un problema generalizado en el Caribe. No logramos que mejoren la prestación del servicio, por el contrario los abusos son más evidentes, lo que deteriora la calidad de vida de nuestra gente”, señala el veedor.

Advierte que desde su cargo, y con apoyo de los líderes comunitarios de los 95 barrios que tiene San Antero, tratan de ‘blindar’ la gestión de sacar a Electricaribe para que no se entienda como una estrategia política, sino como una “necesidad inminente” de la comunidad que “merece el restablecimiento” de sus derechos vulnerados

Fuente:

Diario el Heraldo

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